innovación que revoluciona el pronóstico de capacidad de las aerolíneas, algo que nadie más está haciendo actualmente, como parte de su compromiso continuo de proporcionar la información más precisa y completa sobre viajes aéreos del mercado

En ese sentido, el equipo de ciencia de datos ha desarrollado la única solución del mercado que produce previsiones de capacidad detalladas que abarcan hasta 12 meses en el futuro, desglosadas por ruta y nivel de vuelo. Se ha diseñado para responder rápidamente a los cambios multifacéticos en el rendimiento real de las aerolíneas en comparación con la programación, lo que refleja las respuestas dinámicas de las compañías aéreas a los factores cambiantes.

Daria Kalenskaya

Daria Kalenskaya, Jefe de Producto e Innovación ha dicho: “El principal desafío para las industrias que dependen de los viajes a la hora de depender de la capacidad aérea programada radica en su volatilidad. Cuando las aerolíneas publican sus horarios con un año de antelación, no pueden estar seguras de la flota y la capacidad de asientos que utilizarán en comparación con la realidad operativa o la demanda en esa ruta. La diferencia entre la capacidad aérea programada (publicada por las aerolíneas) y la capacidad aérea volada real puede variar hasta ocho veces para fechas y rutas específicas. Factores como la asignación de franjas horarias, las limitaciones de los aeropuertos, las estrategias de arrendamiento, los acuerdos bilaterales sobre derechos de tráfico y los eventos de fuerza mayor afectan el panorama real”.

En respuesta a estos desafíos, han diseñado una solución innovadora que comprende tres algoritmos fundamentales:

Un sofisticado modelo de aprendizaje automático que predice la probabilidad de que un vuelo programado se desprograme o cancele .

Un modelo de aprendizaje automático complementario que pronostica la cantidad total de asientos para una ruta y un vuelo determinados con hasta un año de anticipación.

Un algoritmo que combina de forma inteligente los resultados de los modelos de aprendizaje automático para generar el pronóstico final y completo de capacidad aérea.

La escala del modelado necesario es significativa: cada semana se reentrenan más de 110,000 micromodelos de aprendizaje automático , lo que permite realizar pronósticos precisos a nivel de vuelo individual. Nuestro modelo, que mejora continuamente, trata cada ruta de forma independiente y aplica hiperparametrización para optimizar la precisión.

Fernando Alcina

Esto permite que sus previsiones se adapten a cambios repentinos en el panorama de la aviación, como cambios en la frecuencia de los vuelos, limitaciones de la flota operativa, ajustes comerciales en los volúmenes de asientos o incluso eventos de fuerza mayor como disturbios civiles, conflictos o desastres naturales. Las predicciones pioneras de ForwardKeys se ajustan automáticamente en función de múltiples datos, lo que garantiza que nuestros clientes siempre tengan acceso a las previsiones de capacidad más actualizadas y precisas.

Con este nuevo servicio FowardKeys mide la precisión de sus pronósticos utilizando el Porcentaje de Error Promedio (APE), comparando sus predicciones con los datos reales de asientos aéreos volados, y ahora logran más del 98,7 % de precisión en algunas de las rutas , con mejoras semana a semana.

“De cara al futuro, nos comprometemos a seguir perfeccionando la precisión de nuestros algoritmos de previsión de capacidad y a explorar oportunidades para integrarlos con otros modelos de aprendizaje automático de vanguardia. Nuestro objetivo final es proporcionar una previsión verdaderamente integral y completa de la capacidad de las aerolíneas globales que permita a nuestros clientes tomar decisiones informadas y basadas en datos”. indica Fernando Alcina, líder en ciencia de datos

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 colaboración con el fabricante de aeronaves Boeing, iniciaron la segunda edición de su programa de Cadetes para preparar académicamente a jóvenes dominicanos para impulsar su carrera en el sector aeronáutico del país.

La aerolínea informó que fueron seleccionados Emmanuel Lopez y Aníbal Báez, quienes han sido beneficiados con este programa, aprobaron pruebas de competencias, simulador y evaluación conocimientos técnicos para brindarles una oportunidad educativa con estándares mundiales.

Indicaron que ambos pilotos cadetes dominicanos se encuentran en la fase de formación en la ciudad de Miami y recibirán una preparación académica que les permitirá insertarse en el mercado laboral de la aviación como primeros oficiales.

Víctor Pacheco Méndez, CEO & Fundador de Arajet, expresó que este proyecto es un compromiso que la aerolínea ha asumido para fortalecer su equipo de pilotos con colaboradores dominicanos y así continuar aportando al desarrollo del talento local para impulsar el crecimiento de la industria aeronáutica nacional.

“Para Arajet ser la aerolínea bandera viene de la mano con el compromiso de aportar e impactar de manera positiva el crecimiento y sostenibilidad del sector y para lograrlo creemos firmemente que la transferencia de conocimiento es necesaria para poder formar tanto a pilotos dominicanos como también a técnicos en todas las áreas operativas y administrativas” puntualizó Pacheco Méndez.

Arajet destacó que los jóvenes seleccionados en esta segunda edición de su programa de cadetes comenzarán su formación en Arajet como Cadete en entrenamiento obteniendo los conocimientos para lograr posición de primer oficial y posterior convertirse en capitanes e insertarse en el mercado laboral a través de la aerolínea.

Los aspirantes a primer oficial manifestaron su satisfacción por el apoyo que han recibido a través de este programa que les va a permitir a jóvenes con bajas horas de vuelo aumentar sus conocimientos y prepararse para la aviación comercial.

Arajet reiteró que este programa continuará convocando a jóvenes dominicanos con las habilidades para convertirse en pilotos ya que es parte de su compromiso contribuir al crecimiento del sector de la aviación en la República Dominicana y convertir al país en el centro preferido de conexiones en el Caribe.

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En República Dominicana, los sonados casos de estafas inmobiliarias han tenido entre otras razones, el crecimiento del sector, que en los últimos años ha roto los promedios históricos.

La Encuesta Nacional de Actividad Económica (ENAE) 2023, renglón construcción, publicada en mayo del presente año, por la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), encontró que el sector construcción experimentó un crecimiento significativo en los indicadores económicos analizados, cuyo valor bruto de producción alcanzó RD$116,480.44 millones en 2021 y RD$143,108.23 millones en 2022, con un aumento del 22.9%.

Joselina Taveras. (Fuente externa).

La necesidad de que todos los actores involucrados en la compra y venta de una propiedad, estén debidamente informados, salta a la vista ante una posibilidad que, aunque mínima, permanece en el ambiente, amenazando el desarrollo inmobiliario y las múltiples inversiones que se tejen en el país en la actualidad.

Reducir las estafas inmobiliarias es un arma imprescindible para que el negocio inmobiliario siga prosperando en República Dominicana, porque se trata de una de las actividades claves de la economía del país y la que mayor evolución ha registrado en los últimos tiempos, consideró la abogada y especialista en prevención de lavado de activos Joselina Taveras, al participar en el panel “el paso a paso legal de una venta segura”, en III Expo Foro CENI, realizado el 2 de mayo del presente año.

“La ley viene a darle estructura a una de las actividades claves de la economía del país, el sector construcción es clave porque es el que más ha evolucionado en los últimos tiempos. Desde la perspectiva de la prevención de lavado de activos para entrar al juego de los bienes raíces hay que tener una póliza de seguro que es la debida diligencia, expuso la especialista.

Luz del Alba Rodríguez abogada y agrimensora aconseja a los adquirientes de viviendas y propiedades consultar con la Asociación de Constructores y Promotores de Viviendas (Acoprovi) y confirmar si la constructora es miembro de la entidad.

Luz del Alba Rodríguez. (Fuente externa).

“Los fraudes en proyectos inmobiliarios pueden presentarse de diversas formas: en la venta de propiedades inexistentes o ventas en planos, el fraude en contratos por la alteración de un documento o la falsificación de firmas, la estafa en alquileres de propiedades que no están disponibles físicamente mediante aplicaciones y redes sociales, y la promoción engañosa exagerando características de desarrollos inmobiliarios”, sostiene.

Añade que suelen presentarse como oportunidades irresistibles, generando un interés inmediato que minimiza la importancia de una debida diligencia o investigación legal para una negociación exitosa.

Rodríguez sostiene que la correcta redacción de un contrato, junto con una investigación legal, no solo facilita la gestión de conflictos, sino que también garantiza una mayor seguridad jurídica en las transacciones inmobiliarias.

Para Reyna Echenique especialista en derecho inmobiliario existen 3 actores que participan en la obra: vendedor, producto y comprador. “Pero para consumir ese producto y que sea viable debe empezar por la legitimidad de ese inmueble. Cuando empezamos tenemos que indagar de dónde vienen los fondos, a quien le estamos vendiendo, cómo aprendemos a depurar un proyecto para entregar un producto de calidad a nuestros clientes”, destacó dirigiéndose a los agentes inmobiliarios en el Expo Foro CENI.

Precisó que lo recomendable es que estén los permisos de construcción. “Nosotros cuando nos llega ese proyecto preguntar, para hacerle esa radiografía hay que hacer esa ficha, preguntarle si el título está a su nombre, darle seguimiento si queremos darle esa seguridad jurídica al cliente”.

Buenas prácticas

Acoprovi firmó en abril de este año un convenio con 5 de las principales entidades del sector construcción e inmobiliario del país, con el objeto de robustecer la industria y brindar más seguridad a los compradores e inversionistas.

En ese sentido, el 2 de mayo, una delegación de la entidad viajó a New York, Estados Unidos, y se reunió con el cónsul Eligio Jáquez para dar apertura a la estrategia llevando informaciones, protocolos y procedimientos legales que informen a la diáspora dominicana residente allí e inversionistas, sobre las mejores prácticas para comprar una vivienda en la República Dominicana.

7 claves para evitar estafas inmobiliarias en la compra de inmuebles sobre planos

Por Reyna Echenique

(Publicado originalmente en Forbes República Dominicana)

1. Verifica titularidad y legalidad de la propiedad, confirma que el vendedor es el dueño legal consultando el certificado de título y posibles gravámenes ocultos. Si no te provee documentos correctos, desconfía.

2. Revisa licencias y permisos ante el ayuntamiento. Corrobora vigencia de permisos de construcción, reputación de la empresa y legalidad. Esto evita promotores fraudulentos.

Reyna Echenique. (Fuente externa).

3. Contrata un abogado inmobiliario que revise la documentación y te asesore en el proceso. Detectará problemas o cláusulas abusivas en contratos.

4. Precaución con precios muy bajos. Pueden ocultar problemas en la propiedad o que no pertenezca realmente al vendedor.

5. Evita pagos en efectivo. Deposita en cuentas bancarias verificadas y exige recibos.

6. Adquiere un seguro de títulos. Te protege ante quiebra del proyecto o irregularidades.

7. Verifica credenciales del agente inmobiliario. Que sea miembro de la Asociación de Agentes y Empresas Inmobiliarias (AEI) para garantizar asesoría ética y confiable.

Invertir en planos requiere precauciones con asesoría legal y técnica apropiada. Así realizarás una compra segura, sin ser víctima de engaños en el sector inmobiliario.  

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En junio se aprobó el proyecto “Reconstrucción vía de acceso a Playa Teco, en el distrito
municipal Maimón, de la provincia Puerto Plata”, por un monto de RD$120 millones de pesos, a
cargo del Comité Ejecutor de Infraestructura en Zonas Turísticas (CEIZTUR).

Además, la “Reconstrucción Plaza de vendedores en Cayo Levantado, municipio Samaná,
provincia Samaná”. La “Construcción de la terminal de cruceros en el puerto del municipio Santa
Cruz de Barahona, Provincia Barahona” y “Reconstrucción De Las Calles Del Casco Urbano en el
Municipio San Felipe”, provincia de Puerto Plata.

También, la “Reconstrucción del Parque Central Juan Pablo Duarte y su entorno, Municipio
Santa Bárbara De Samaná y “Reconstrucción del Parque Glorieta A Santa Bárbara y su entorno”,
municipio Santa Bárbara De Samaná.

“Reconstrucción del camino de acceso a la playa Caleta, distrito municipal Caleta”, en la
Romana. “Reconstrucción de la plaza Marcelino Marte (Canito) y su entorno, municipio
Guayacanes”, provincia de San Pedro de Macorís.
“Reconstrucción del frente marítimo en el municipio de Pedernales, Provincia Pedernales”, y
“Remodelación de la Av. Gustavo Mejía Ricart, tramo Av. Winston Churchill – Av. Abraham
Lincoln, Sector Piantini, en el Distrito Nacional”.
Aprobaciones generales
En el mes de junio fueron aprobados 21 proyectos de inversión pública, para un acumulado de
403 proyectos en el semestre enero-junio.
Con un costo total de RD$77,813.2 millones, para un acumulado del año de RD$239,392
millones.
El documento sostiene que las provincias con la mayor cantidad de proyectos aprobados en
enero-junio fueron Santo Domingo, con 39, seguida de Santiago y Puerto Plata, con 22
proyectos cada una.
El informe explica que el 90.3% de los proyectos aprobados en enero-junio corresponde al
gobierno central, con 364 proyectos; seguido de un 8.4% de las empresas públicas, con 34
proyectos; y 1% de instituciones públicas descentralizadas y autónomas, con 4 proyectos.

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Así lo estipula el artículo 33, capítulo 3, bajo el título comisiones y contraprestación económica, de la propuesta que conoce actualmente la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados y cuyo proceso se encuentra avanzado, de acuerdo a lo expresado Alberto Bogaert, presidente de la Asociación de Agentes y Empresas Inmobiliarias (AEI), entidad que lleva la voz cantante en la propuesta.

Anque el mercado dominicano adolece de regulación, la comisión que por lo general cobran los agentes inmobiliarios por la venta de propiedades oscila entre 3 y 5%, siendo el monto más frecuente el equivalente al 5%. El crecimiento del mercado, con nuevos actores y el incremento de desarrollos inmobiliarios ha llevado a que en ocasiones se oferten cifras de hasta un 7% de pagos en comisión.

El referido artículo, de la pieza legislativa, establece que los montos de las comisiones por la venta de inmuebles deberán hacerse constar en los contratos o documentación escrita de servicios suscritos con los clientes.

“Los participantes del mercado Inmobiliario determinarán libremente los montos de las comisiones que cobrarán por sus servicios a sus clientes. Dichas comisiones deberán constar en los contratos o documentación escrita de servicios suscritos con sus clientes”, señala el último documento depositado en la Cámara de Diputados fechado el 11 del presente mes de julio y cuya copia posee El Inmobiliario.

Sobre las infracciones penales, el artículo 53 sostiene que las acciones consideradas delictivas, consignadas en la Ley, son de competencia de los tribunales de penales de la República Dominicana, de acuerdo a lo establecido en la normativa procesal vigente.

“Su ejercicio es independiente de las acciones administrativas que puedan llevarse a cabo, y como tal, no tienen influencia una decisión en otra”, apunta.

Agrega que el Ministerio Público tendrá las más amplias facultades para requerir información, investigar y perseguir los delitos económicos y financieros contra el mercado inmobiliario previstos en la presente ley.

Recorrido

Tras más de 30 años de vaivenes y propuestas, nuevamente los sectores que inciden en el mercado inmobiliario del país han sometido ante la Cámara de Diputados una iniciativa instrumentada en colaboración con la firma López Grullón Abogados & Consultores, buscando que la nación disponga de un instrumento para regular el ejercicio de los bienes raíces.

El artículo 6 del proyecto plantea que el mercado inmobiliario dominicano sería regulado y supervisado por el Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIVHED). Propone la creación de la Dirección General de Intermediación Inmobiliaria, entidad adscrita al MIVHED, que tendría a su cargo, en primera instancia, la ejecución, el cumplimiento y el control de las funciones puestas a cargo por el organismo rector, y sus normas complementarias, incluyendo la imposición de las sanciones estipuladas en la ley.

Una propuesta integral

El diputado Alexis Jiménez, presidente de la Comisión Permanente de Justicia de la Cámara de Diputados, aseguró el 3 del presente mes de julio que pronto presentarían un informe sobre el anteproyecto de ley para regular los agentes inmobiliarios en el país.

“Estamos trabajando una propuesta moderna, integral y que regule la intermediación inmobiliaria en República Dominicana”, destacó Jiménez a El Inmobiliario.

Alberto Bogaert, presidente de la AEI dijo que el presidente de la República, Luis Abinader, ha manifestado su interés y que instruyó al Ministerio de la Vivienda,  para que resuelva el tema de los agentes inmobiliarios.

“Estamos trabajando para que el personal de este sector tenga un aval del Estado, nos hemos reunido con diferentes entes importantes que tienen que ver con el tema, ya que hay un interes”, explicó.

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Los agentes inmobiliarios extranjeros deberán contar con el respectivo carnet de residencia temporal, o permanente emitido por la JCE con permiso expreso para realizar cualquier tipo de trabajo en el territorio nacional.

SANTO DOMINGO.-“Toda persona natural o jurídica que pretenda desarrollar por sí mismo de manera habitual la Intermediación Inmobiliaria, deberá obtener y renovar anualmente una Licencia de Operación de Agente Inmobiliario emitida por el Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIVHED)”, plantea el artículo 27 del anteproyecto de ley que regularía el ejercicio inmobiliario en la República Dominicana.

La propuesta elaborada bajo el nombre “Ley que regula la Intermediación Inmobiliaria”, se conoce actualmente en la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, y según sus promotores la posibilidad de que se conozca y apruebe en el Congreso Nacional, es alta.

El párrafo 1 del citado artículo establece que los Agentes Inmobiliarios para realizar actividades que encierren la promoción, intermediación en actos traslativos de la propiedad de inmuebles (compra, venta y cualquier otro tipo de transacción cuyo objeto implique transferir la propiedad de uno o más inmuebles) deberán estar afiliados o asociados a una agencia inmobiliaria, lo que implicará cumplir con los requisitos por ella establecidos y someterse a sus funciones de supervisión del cumplimiento de las obligaciones previstas en esta ley, y las demás leyes que regulan este oficio y en sus normas complementarias.

“Una vez afiliados o asociados a una Agencia Inmobiliaria podrán realizar las actividades autorizadas descritas en el artículo 23 de esta ley”, dice el documento del cual tiene copia El Inmobiliario.

Agrega que los Agentes Inmobiliarios que posean la licencia de acreditación descrita que no se hayan asociado o afiliado a una Agencia Inmobiliaria, solo podrán realizar Intermediación Inmobiliaria para el arrendamiento de inmuebles o cualquier otro acto relativo al uso y disfrute de los mismos, no así para la venta o actos traslativos de propiedad.

El artículo 28 se refiere a los requisitos de acreditación y registro del Agente Inmobiliario. “A fin de adquirir la habilitación y posterior registro de que trata el artículo anterior, el Agente Inmobiliario deberá cumplir los siguientes requisitos”:

1. Ser mayor de edad, y estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos;

2. En caso de ser extranjero, contar con el respectivo carnet de residencia temporal, o permanente emitido por la Junta Central Electoral con permiso expreso para realizar cualquier tipo de trabajo en el territorio nacional;

3. Contar con el nivel de educación de bachiller, certificado por el Ministerio de Educación o la institución extranjera que haga sus funciones;

4. No estar subjúdice o cumpliendo condena por cualquier hecho de carácter criminal o por delito contra la propiedad, la fe pública o el fisco, o que hubieren sido condenados por esas causas;

5. Certificar el cabal cumplimiento de sus obligaciones tributarias ante la Dirección General de Impuestos Internos;

6. Certificar el cumplimiento y aprobación de los Programas de Capacitación sobre:

– Especialización Inmobiliaria, que contenga al menos 200 horas lectivas, con el contenido a ser aprobado por el Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIVHED);

– Especialización en prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo conforme lo disponga el Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIVHED), y las normas que regulan el mismo; y cualquier otra especialización requerida por el MIVHED y las normas que regulan el mismo.

7. Haber aprobado los exámenes que expedirá la Dirección General de Intermediación Inmobiliaria del Ministerio de la Vivienda, previo pago de las tasas correspondientes:

8. Certificar, cuando proceda, que se encuentra al día en el cumplimiento de sus obligaciones de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y armas de destrucción masiva;

9. Cumplir fielmente con las normas éticas que dicte el reglamento de esta Ley;

10. Presentar constancia de pago de la suma equivalente un (1) salario mínimo público vigente, por concepto de emisión de Licencia de Operación; y

11. Suscribir con cualquier Agencia Inmobiliaria debidamente registrada y con licencia vigente una carta de intención de afiliación o asociación a la misma una vez obtenida la licencia correspondiente.

Apunta que el Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIVHED) promoverá la expedición de la especialización inmobiliaria, a través de la enseñanza en entidades públicas y privadas.

Foto portada: Pixabay.

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“Sin perjuicio de las prohibiciones que emanan de otras disposiciones de esta ley, los Intermediarios Inmobiliarios no podrán”, cita el artículo, que de inmediato enumera las 13 acciones.

La primera es no  realizar actividades fuera de aquellas autorizadas expresamente por la presente ley, y contrarias a su objeto social.

“Realizar las actividades autorizadas sin tener la evidencia fehaciente de la calidad de propietario de los inmuebles de que se trata, mediante la verificación de la correspondiente certificación de estatus jurídico del inmueble emitido a nombre del cliente que dice ostentar dicha calidad”, es el segundo punto.

Lo tercero que contiene el documento es la no realización de actividades autorizadas a través de documentos o contratos distintos a los aprobados por el Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIVHED), o sin la evidencia descrita en el numeral anterior, sin que ambas partes contratantes estén asistidas de un profesional del derecho.

La cuarta prohibición hace referencia a no destinar los fondos o los inmuebles que reciban de sus clientes en operaciones o fines distintos para los que les fueron confiados.

“Garantizar rendimientos o asumir pérdidas de sus clientes en las transacciones a ser realizadas”, es la quinta acción que no podrá llevarse a cabo.

Adquirir inmuebles que se les ordenó vender, sin la respectiva autorización expresa del cliente, tampoco estará permitido, de acuerdo a lo contenido en la propuesta.

“Realizar o simular ofertas de transacciones con el objeto de fijar o hacer variar artificialmente los precios de los inmuebles”, figura como la séptima prohibición.

De igual manera quedaría prohibido, según el documento, anteponer la compra por cuenta propia, o de sus personas vinculadas, de un inmueble cuando exista una oferta de compra formulada por un cliente respecto del mismo inmueble en mejores condiciones.

“Cobrar a los clientes tarifas y comisiones que no hayan sido previamente establecidas por escrito”, apunta la propuesta.

En el número 12 se prohíbe proponer transacciones inmobiliarias a sus clientes a sabienda de que la misma acarrea riesgos legales o financieros, sin hacer las advertencias legales y la recomendación de la asistencia de un profesional del derecho.

“Asociar o afiliar a su agencia a Agentes Inmobiliarios que no estén habilitados por la Dirección de Intermediación Inmobiliaria del Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIVHED)”, es la última privación planteada.

Añade que “en los casos que el derecho de propiedad de los inmuebles no estén establecidos en un certificado de título a nombre de quien dice ostentar ese derecho o el mismo no haya sido determinado legalmente (deslindado), el Agente Inmobiliario deberá informar por escrito a su cliente y constatará que las partes suscribientes se hagan representar de un licenciado en derecho para concretizar la transacción”, establece.

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Uno de los últimos casos sucede en la Nueva Barquita, donde los dueños beneficiados están vendiendo sus apartamentos, valorados en 2.5 millones en hasta 300 mil pesos. 

Por Gissel Taveras

SANTO DOMINGO.-El Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIVHED) establece que de acuerdo a la Ley No. 339, los edificios destinados a viviendas, ya sean del tipo unifamiliar o  multifamiliar, que el Estado transfiera en propiedad a Ios particulares, quedan declarados de pleno derecho de Bien de Familia. 

Esto significa que tanto en las zonas urbanas como en las rurales, las viviendas donadas mediante los planes de mejoramiento social puestos en práctica por los organismos autónomos del Estado, o directamente por el Poder Ejecutivo, quedan prohibidas de ser transferencidas a terceros, o ventas antes de los 10 años luego de la donación. 

Contrario a lo que señala la ley, sin embargo muchos residentes que son beneficiados, violan este acuerdo realizando la venta de sus donaciones antes de lo estipulado, incluso en ocasiones al precio más bajo del mercado. 

Uno de los últimos casos sucede en la Nueva Barquita, donde los dueños beneficiados están vendiendo sus apartamentos, valorados en 2.5 millones en hasta 300 mil pesos. 

Alegando conflictos con el Patronato de La Nueva Barquita, los vendedores deciden ceder sus propiedades a terceros, según publicó esta semana el periódico Diario Libre.

De acuerdo a lo estipulado por el  MIVHED para obtener el título de propiedad, el contrato contempla el cumplimiento de una serie de requisitos como el contrato de uso: «El usuario no podrá arrendar o ceder en uso su unidad a terceras personas». 

¿Cuándo la ley otorga permiso de venta? 

De acuerdo a Ley No. 5610 del 25 de agosto de 1961, con la previa autorización del Poder Ejecutivo, se puede obtener un permiso de venta o transferencia en los siguientes casos:  

a) Traslado necesario de propietario a otra localidad 

b) Enfermedad del propietario o sus familiares que requiera el traslado para la curación

c) Notoria penuria económica del propietario para continuar los pagos, cuando no se trate de una donación. 

Según señala el reglamento del Ministerio de la Vivienda, en caso de concederse esta autorización, el traspaso, para ser válido, deberá ser objeto de un nuevo contrato sustitutivo del anterior suscrito por el Administrador General de Bienes Nacionales, el propietario actual y el nuevo adjudicatario, debiendo ser este último escogido por el Poder Ejecutivo, el cual podría ser una persona indicada por el propietario si reúne las condiciones morales y de escasos recursos económicos que se requieren para las adjudicaciones.  

Si el Poder Ejecutivo concede la autorización, deberá en un plazo de un mes escoger al nuevo adjudicatario. Pasado ese plazo se reputará que ha sido aprobado e! señalado por el propietario actual. 

Cada nuevo adjudicatario estará sujeto a los mismos requisitos señalados para la validez del traspaso de la propiedad. 

También quedan declaradas de pleno derecho Bien de Familia, las parcelas y viviendas traspasadas definitivamente por el Instituto Agrario Dominicano (IAD) a los agricultores en los asentamientos destinados a los proyectos de reforma agraria. 

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El artículo 10 de la pieza legislativa, plantea que será la dirección general de Intermediación Inmobiliaria del Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIVHED), quien tendrá a cargo la habilitación de dicho registro y deberá ponerlo a disposición del público.

“En este registro se asentarán además, las sanciones que se impongan a los agentes y agencias inmobiliarias, en cumplimiento con las disposiciones contenidas en la Ley 107-13 sobre los derechos de las personas en sus relaciones con la administración y de procedimiento administrativo”, sostiene.

En el siguiente artículo, 11, se le confiere al  MIVHED la potestad de manera reglamentaria de crear, en cumplimiento con las leyes sectoriales, las dependencias que considere necesarias para el cumplimiento efectivo de la presente ley.

De igual manera se le acreditará la suspensión o exclusión de los participantes del Registro del Mercado Inmobiliario. “La Dirección General de Intermediación Inmobiliaria del Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIVHED) podrá suspender de manera temporal el registro a un participante del Mercado Inmobiliario».

Para lo anterior tendrían que darse los siguientes casos:

1. Dejar de satisfacer los requisitos exigidos para su habilitación.

2. Si se encuentra en período de disolución, liquidación, quiebra o cesación de pago, o

3. Presente irregularidades que puedan comprometer la estabilidad o imagen del mercado inmobiliario dominicano.

“Para poder suspender temporalmente a un participante del mercado inmobiliario, la Dirección General de Intermediación Inmobiliaria deberá notificarle al mismo un informe motivado donde se exponga las causas y el soporte documental que avala la suspensión”, detalla el documento.

Añade que en dicho informe se indicará el plazo otorgado para que subsane su falta, el cual no podrá ser menor de quince (15) días ni mayor de noventa (90) días hábiles.

“Vencido este plazo la Dirección General de Intermediación Inmobiliaria podrá suspender de manera provisional al participante hasta tanto subsane los incumplimientos notificados”.

De acuerdo a la propuesta, de la cual tiene copia El Inmobiliario, el participante podrá requerir que se le otorgue una extensión de este plazo por razones justificadas.

“En caso de que el Intermediario Inmobiliario no subsane su falta en el plazo otorgado, la Dirección General de Intermediación Inmobiliaria enviará un informe al Ministro del Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIVHED) , quien decidirá en un plazo no mayor de sesenta (60) días si convertirá o no en definitiva la misma y en consecuencia se ordenará la exclusión del mismo del Registro del Ministerio de MIVHED”.

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